A partir de una noticia difundida por el Diario La Nación en la edición de hoy, se dieron a conocer cambios sustanciales que se implementarían en la administración de los fondos destinados a la construcción de viviendas. De esta manera el Gobierno Nacional le quitaría a los gobiernos provinciales el manejo de los fondos, y sería entonces el Estado Nacional quien efectuaría la cancelación de pagos directamente a las empresas contratistas.

En diálogo con Gremiales Tucumanas, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Vivienda  (Si.Tra.Vi.) y Vocal 1º de la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (FATRAV), José «Mellizo» Ramos manifestó su preocupación: «Es muy grave la situación. No sólo nosotros venimos sufriendo lo que representa la paralización de la obra pública, hay también otros sectores de la población que también lo vienen padeciendo, porque la obra pública motoriza toda la economía. En la actualidad, nuestra dependencia se encuentra afectada por la discrecionalidad con la cual el Gobierno Nacional le asigna obras directamente a los Municipios, produciendo el desfinanciamiento de nuestra entidad que debería ser núcleo de todo Programa de Vivienda y/o Mejoramiento Habitacional, ya que cuenta con la mayor experiencia y la mayor cantidad de profesionales, técnicos, asistentes sociales y administrativos especializados del sector. La gran cantidad de obras ejecutadas a lo largo y ancho de la provincia son prueba fehaciente de ello. Ahora, para peor, desde el Gobierno Nacional deciden implementar un paquete de medidas que configuran un ataque sistemático a los Institutos Provinciales de Vivienda de las diferentes provincias del país. Primero con las casas chinas y ahora con esto de los fondos vamos a terminar desapareciendo», señaló el referente de la entidad gremial que nuclea a 600 trabajadores del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de la provincia de Tucumán.

A su vez, Ramos apuntó contra la administración nacional: «La Nación pretende desconocer la capacidad e idoneidad de cada IPV. Los mecanismos de control tanto nacionales como provinciales, están en vigencia actualmente. No sabemos con que fin pretenden implementar esta medida, pero entendemos que esta medida responde al pedido de empresarios inescrupulosos que seguramente serán los principales beneficiados con todo esto . Porque acá si hay algo que está claro es que hay un Gobierno Nacional que está cediendo todo el tiempo a los lobbys empresariales, y que a lo largo de estos dos años solo vimos decrecer el presupuesto asignado para vivienda. Acá también hay un claro ejemplo de la doble moral con la que se maneja el Gobierno Nacional porque los casos de estafas millonarias al Estado se realizaron justamente por que en los procesos de adjudicación directa de viviendas a entidades intermedias, se salteó a los Instituto Provinciales de Vivienda correspondientes. Y ahora lo que se pretende hacer es establecer un marco regulatorio que avale ese mecanismo», concluyó el joven dirigente gremial.

Para concluir, el Secretario General del Si.Tra.Vi  señaló: «Nos gustaría poder discutir políticas habitacionales claras y concretas para los sectores humildes, porque hablar de 120000 viviendas sociales en cuatro años es algo ínfimo. En el caso de Tucumán pasamos de un ritmo de ejecución promedio de 3.000 viviendas anuales a 750. Esta situación requiere de una respuesta contundente por parte de los trabajadores que somos directamente perjudicados por eso con los compañeros de las Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda, la entidad que nuclea a los gremios de los IPV de 13 provincias, vamos a evaluar los pasos a seguir en nuestro próximo encuentro en Jujuy. Seguramente evaluaremos la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza, porque los trabajadores no podemos ser rehenes de cuestiones políticas»

1 Comentario

  1. Lamentablemente son los propios trabajadores del i.p.v los culpables ya que ellos permitieron las irregularidades detectadas tanto en sobreprecios, sobreventas, adjudicaciones a personas que no les correspondía, a la mala calidad de obras terminadas y entrega a destiempo de los proyectos y por supuesto a la presencia de «gestores» que estafaron a muchas personas.
    Yo personalmente espero la entrega de una vivienda de la que soy preadjudicatario desde el año 2013 y aun hoy no hay avances a pesar de que ya la obra estaba más del 90% realizada y en teoría el interventor se comprometio a la entrega en junio del año pasado.Con tantas irregularidades buscaron terminar con el problema de raíz espero que sirva para que revean los errores que cometieron, castiguen efectivamente a las contratistas que no cumplen con los plazos y les ayude a mejorar para volver a darle el prestigio que se merece a esta importante institución social.

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