La empresa Emilio Luque presentó en procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, según informó hoy a LA GACETA el titular de esa cartera, Roberto Palina.

La figura se solicita «cuando median razones de fuerza mayor», y significa que a partir de este el empleador tiene la facultad de suspender a su personal, o a despedirlo mediante el pago de una indemnización reducida, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Se podría caer el convenio colectivo de trabajo», anticipó Palina en diálogo con LG Central. Remarcó, sin embargo, que desde la empresa «tienen que justificar las pérdidas y la insolvencia para el procedimiento de crisis».

El funcionario dejó en claro que se trata sólo de una presentación, que aún no fue analizada. El procedimiento preventivo de crisis de empresas surge de un proceso de negociación en el que participa el sindicato, la empresa y el Estado (nacional o provincial) a fin de llegar a un acuerdo de cómo aplicar suspensiones o despidos.

«Corresponde pasarle vista al gremio del comercio (SEOC), que es el afectado en este caso, y a partir de ahí comienzan negociaciones. Puede haber negociaciones intermedias entre la empresa y el gremio», apuntó Palina.

Añadió que si se aprueba el procedimiento, se puede dar paso al cierre de algunos locales de la firma supermercadista.

«Vamos a hacer todo lo posible como Secretaría de Trabajo para que las partes se sienten para ver de llegar a un acuerdo. Siempre un acuerdo no es tan grave como lo que prevé el procedimiento de crisis. Es de suma gravedad esta situación», agregó.

El origen del problema

Según Palina, la empresa Emilio Luque había planteado que a causa de la caída de las ventas se les hacía difícil mantener la cantidad de personal a su cargo, y que por eso habían recurrido al Estado provincial para que gestione un crédito a ser devuelto en seis meses, con lo cual podrían superar la situación.

«El Estado trató de ayudar, pero lo de Luque es una actividad privada y se tiene que resolver en el ámbito privado. El procedimiento significaría la caída del convenio colectivo y podría ser catastrófico. No nos olvidemos que hay 1.200 trabajadores que dependen de esa firma comercial», finalizó el secretario de Trabajo.

Fuente: La Gaceta

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